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Lima, 7 de abril de 2014
A propósito de las últimas noticias sobre adolescentes que son “entrenados” por delincuentes adultos para asesinar a cambio de dinero:

-Hacemos un llamado y recordamos a los medios de comunicación que se debe respetar el resguardo de la imagen e identidad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, o como en este caso, sea presunto infractor o implicado en situación de violencia. De igual manera, no se debe hacer uso de términos que estigmaticen al niño, niña o adolescente (Ejemplo: sicario, homicida, criminal).

-Es importante señalar que este tipo de noticias fomentan/agravan el clima de miedo en la ciudadanía en general, sin contar con sustento estadístico oficial y transgrediendo derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Sobre ello, cabe señalar que la Policía Nacional del Perú, en su anuario estadístico del 2011, publicó las siguientes cifras nacionales (Ver en link)

Es decir, las cifras publicadas nos evidencian que los adultos cometen anualmente más homicidios que los adolescentes, a nivel nacional (así en el 2011, tal como nos muestran estas cifras, los adultos han cometido 201 veces más homicidios que los adolescentes; dicho de otra manera, los homicidios cometidos por adolescentes representan solamente el 0,49% del total de homicidios cometidos). Asimismo, la infracción o el delito que más se denuncia, tanto en niños, niñas y adolescentes como en adultos, es el delito contra el patrimonio (2,523 y 139,350 denuncias respectivamente). Es muy importante evidenciar las cifras estadísticas porque así el Estado define la política criminal adecuada para resolver el problema que más aqueja a la ciudadanía diariamente.

-Recordamos que publicitar la identidad y/o la imagen de los y las adolescentes que han infringido la ley penal (o incluso en caso de presunción) en medios de comunicación, contraviene los derechos de dichos adolescentes y el principio del Interés Superior del Niño presente en la Convención de los Derechos del Niño y el Código de Niños y Adolescentes. Esto alude, además, a cualquier información que pueda identificarlos: nombre de los padres, colegio, barrio, imagen del domicilio, etc.

-Invitamos a los periodistas a abordar los temas de fondo que envuelven estos casos, como son: la implicancia de adultos y de bandas organizadas en el enrolamiento de menores de edad y la reciente Ley 30030 que propone penas más severas a quienes en un acto delictivo usen a menores de edad o a personas que, por anomalías psíquicas, no comprendan el carácter delictuoso de su acto; asimismo es importante abordar la importancia de la prevención de la violencia en las escuelas, la comunidad y la familia, y el rol del Estado en la protección de niños, niñas y adolescentes cuando se encuentren en situación de riesgo.

-Finalmente, hay que señalar que existen procedimientos claros y medidas socio educativas establecidas para los casos señalados que están de acuerdo a la edad y desarrollo de la persona, pero con ello no se resuelven las causas que conllevan a que los niños, niñas y adolescentes infrinjan la ley penal. Tanto Mario Amoretti como Luis Lamas Puccio, reconocidos penalistas peruanos, proponen que hay que invertir en la educación, en lo cual estamos totalmente de acuerdo desde Tdh. Además, hay que capacitar a los/las operadores/as del Sistema de Justicia para que cuenten con el enfoque de justicia restaurativa y puedan resolver dichos casos respetando los derechos humanos de todos los involucrados, tanto víctimas como los/as adolescentes en conflicto con la ley penal y se debe adecuar el sistema de resocialización y reinserción en la comunidad a la realidad de dichos/as adolescentes según la normatividad internacional. Para ello sería adecuado que el Estado peruano invierta los recursos necesarios para implementar el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal – PNAPTA, en el cual se ha establecido precisamente una política pública integral para esta problemática.

Fundación Terre des hommes - Lausanne
Lima, 29 de enero de 2014
[EL COMERCIO]

Treinta y cinco menores del programa Justicia Juvenil Restaurativa concientizan en el cuidado del medio ambiente.

Con carteles y pancartas, un grupo de 35 jóvenes del programa de Justicia Juvenil Restaurativa de Lambayeque, a cargo del Ministerio Público, realizó una acción comunitaria en las playas de Pimentel. Lo hicieron para reafirmar su voluntad de cambio y el compromiso de aportar con el desarrollo de la comunidad.

Los jóvenes llevaron a cabo esta actividad para tratar de sensibilizar a los usuarios de las playas sobre el cuidado y respeto del medio ambiente, así como apoyar en las tareas de limpieza y el recojo de elementos contaminantes.

Provistos de rastrillos, guantes y bolsas de basura, no dudaron en limpiar parte del balneario chiclayano.

La acción se cumplió en coordinación con la gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Pimentel. Asistieron también la coordinadora fiscal del programa, Marena Mendoza Sánchez; el coordinador técnico, Carlos Ching Castañeda; el psicólogo Ruperto Mendoza Martínez; y Aurora Pizarro Pizarro, responsable de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Pimentel.

La actividad tuvo un fin restaurativo como es el iniciar un proceso de revinculación de las relaciones del adolescente con sus autoridades y comunidad (respeto-confianza); retribuir el apoyo que les viene brindando la comunidad en su proceso de reinserción (solidaridad) y contribuir con su comunidad a través de una acción cívica (ejercicio ciudadano).

La sociedad lambayecana destacó la acción del Ministerio Público, que permite que los menores del programa Justicia Juvenil Restaurativa Manifiesten sus cambios con acciones concretas como las registradas en las playas de Pimentel.


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